Por Gubidxa Guerrero Luis
La detención de Miguel Sánchez Altamirano el 23 de septiembre de 2026 y, dos días después, la desaparición del Ayuntamiento junto con la designación de Francisco ‘Paco’ Vásquez Jiménez como Comisionado Municipal Provisional han colocado a nuestra ciudad frente a una crisis que ya no puede reducirse a la suerte de una persona, a la disputa entre grupos políticos o al desenlace de un procedimiento legal.
La crisis actual revela algo más profundo: el agotamiento de un modelo de gobierno que desde hace décadas no ha logrado reconciliarse con la historia, la cultura y las formas de organización de nuestro pueblo.
Juchitán no es una ciudad cualquiera. Es uno de los principales centros históricos, culturales y políticos del pueblo binnizá. Su vida colectiva ha estado marcada por las sociedades de velas, los movimientos sociales, el arte, la solidaridad vecinal, la palabra pública, la defensa del territorio y la capacidad de organizarse frente a la adversidad.
Sin embargo, una ciudad de profundas raíces zapotecas es gobernada mediante un sistema político que con frecuencia reduce la participación ciudadana a la competencia electoral entre partidos. Cada elección divide a las familias y a las organizaciones. Después, el gobierno municipal suele convertirse en un espacio de reparto de cargos, favores, contratos y lealtades.
No pretendo afirmar que todos los problemas de Juchitán comenzaron con los partidos. Tampoco es mi intención idealizar un pasado sin conflictos. Nuestra historia ha conocido rivalidades, facciones y disputas. Pero una cosa es reconocer esa complejidad y otra aceptar que el régimen partidista sea la única forma posible de gobernar nuestra ciudad.
Los hechos recientes representan una situación extraordinaria. El nombramiento del comisionado puede resolver temporalmente un vacío administrativo, pero no resolverá por sí solo la crisis de legitimidad, confianza y gobernabilidad que atraviesa Juchitán.
Lo importante no es únicamente quién ocupará el Palacio Municipal durante los próximos meses. La pregunta es qué tipo de gobierno necesita Juchitán para enfrentar sus problemas reales: inseguridad, descomposición del tejido social, desempleo, inundaciones, deficiencias en el sistema de agua potable, drenaje y servicios públicos, entre otros.
Responder a estas dificultades exige algo más que cambiar de partido o sustituir a un funcionario por otro. Requiere repensar las instituciones.
MEMORIA DE ORGANIZACIÓN COMUNITARIA
Durante la época de Che Gorio Melendre, diversos testimonios históricos recuerdan la existencia de formas de deliberación y organización colectiva. La Asamblea no era una imagen folclórica: era un mecanismo para discutir problemas, tomar decisiones y construir acuerdos.
El tequio, por su parte, expresaba una idea sencilla y poderosa: la comunidad puede organizar trabajo, tiempo y esfuerzo para resolver asuntos comunes.
Las sociedades de velas han sido instituciones fundamentales de la vida juchiteca. Han organizado celebraciones, preservado vínculos familiares y comunitarios, sostenido redes de ayuda y transmitido responsabilidades de generación en generación.
También existe la experiencia más reciente de la Junta Vecinal Guendalisaa, fundada hace once años en el centro de Juchitán. En un contexto de inseguridad, sus integrantes demostraron que la organización vecinal podía reducir de manera significativa la delincuencia, acompañar denuncias, instalar alarmas, coordinarse entre familias y recuperar espacios de confianza.
Durante los terremotos, la Junta Vecinal participó en diagnósticos comunitarios, abrió albergues, organizó centros de acopio y ayudó no solo a habitantes de Juchitán, sino también a personas de otros municipios afectados.
Estas experiencias muestran que Juchitán dispone de capacidad de organización. Lo que falta es convertir esa capacidad en una arquitectura pública estable, incluyente y transparente.
NO SE TRATA DE VOLVER AL PASADO
Hablar de una gobernanza zapoteca no significa intentar reproducir sin cambios la organización de hace cien o doscientos años. Juchitán es hoy una ciudad urbana, dinámica, plural y compleja. En ella conviven familias con distintas historias, personas que hablan zapoteco y personas que no lo hablan, comunidades religiosas diversas, agencias municipales, comerciantes, estudiantes, trabajadores, artistas y habitantes llegados de otros lugares.
Por eso, la propuesta no puede consistir en idealizar una tradición ni en otorgar poder automático a determinados grupos. Consiste en recuperar principios comunitarios y convertirlos en instituciones contemporáneas.
Una gobernanza zapoteca para el siglo XXI podría basarse en la Asamblea y la deliberación pública; la participación de agencias, secciones y colonias; el tequio urbano y el voluntariado comunitario; las sociedades de velas como instituciones culturales y de cooperación; la transparencia y la rendición de cuentas; el presupuesto participativo; el fortalecimiento de la lengua y la cultura binnizá; los derechos humanos y la inclusión; la coordinación con el Gobierno estatal y la Federación; y el uso de la tecnología sin abandonar la comunicación comunitaria.
No se trata de reemplazar una élite partidista por una élite tradicional. Se trata de construir un gobierno que nadie pueda someter.
LOS RETOS SON REALES
La propuesta enfrenta dificultades importantes.
La primera es jurídica. El cambio del régimen de partidos al de Sistemas Normativos Internos (también llamado régimen de Usos y Costumbres) requiere demostrar que Juchitán conserva o puede reconstruir instituciones, procedimientos y normas propias.
La segunda es política. Los partidos y grupos acostumbrados a controlar el gobierno municipal difícilmente renunciarán a sus estructuras y formas tradicionales de poder. Algunos intentarán apropiarse del discurso indígena para presentarse como sus únicos representantes.
La tercera es social. Juchitán está dividido por años de conflictos, desconfianza y rivalidades. Ningún modelo funcionará si se construye desde una sola organización o una sola corriente.
La cuarta es institucional. Una gran ciudad necesita administrar presupuesto, servicios, seguridad, obras, salud, educación, movilidad y protección civil. Las instituciones tradicionales pueden aportar legitimidad y solidaridad, pero deben articularse con capacidades técnicas modernas.
La quinta es la inclusión. Un sistema comunitario del siglo XXI debe asegurar que todos los habitantes participen en igualdad, que ninguna persona sea discriminada y que nadie pierda sus derechos por no pertenecer a una organización tradicional.
Ningún cambio institucional tendrá legitimidad si se impone desde arriba o si se construye solo desde un sector. La condición mínima es que sea un proceso amplio, transparente y deliberativo.
INVESTIGAR ANTES DE DECIDIR
Juchitán no tendría que partir de cero. En otros pueblos zapotecas del Istmo y de otras regiones existen sistemas de cargos, asambleas, tequios y formas propias de gobierno.
Sería necesario acudir a comunidades como Guevea de Humboldt, Santiago Lachiguiri, Nejapa de Madero y Santa María Guienagati, entre otras, para conocer cómo convocan sus asambleas, cómo eligen a sus autoridades, cómo distribuyen los cargos, cómo organizan el tequio, cómo administran recursos, cómo resuelven conflictos y cómo se relacionan con el Ayuntamiento, el Estado y los partidos.
La finalidad sería aprender de experiencias reales y adaptarlas a la escala urbana de Juchitán.
UNA COMISIÓN PARA REPENSAR JUCHITÁN
La coyuntura actual permite proponer la creación de una Comisión para la Reconstrucción de las Instituciones Comunitarias de Juchitán, que podría integrar a especialistas y representantes del mayor número posible de sectores sociales.
Su primera tarea sería elaborar un diagnóstico integral y abrir una deliberación pública, más que proclamar un cambio de régimen. Sólo después de ese proceso podría redactarse una Carta de Gobernanza Zapoteca de Juchitán, con principios rectores, instituciones, formas de participación, mecanismos de rendición de cuentas y relación con las autoridades constitucionales.
EL PAPEL DE LAS AUTORIDADES ACTUALES
El Comisionado Municipal Provisional tiene una oportunidad histórica: garantizar la continuidad de los servicios y, al mismo tiempo, facilitar una conversación pública sobre el futuro institucional de Juchitán.
El Gobernador de Oaxaca, Salomón Jara Cruz, debe entender que esta crisis no se resuelve únicamente mediante una administración provisional. El Gobierno estatal puede convocar, garantizar condiciones de seguridad, facilitar la consulta, aportar asesoría técnica y respetar la libre determinación de la población.
El Congreso de Oaxaca y el IEEPCO tendrían que explicar a la ciudadanía cuáles son las vías legales para solicitar el reconocimiento de un sistema normativo indígena en un municipio urbano de la dimensión de Juchitán.
El Concejo Municipal que eventualmente se integre debería mantener abiertos los canales de diálogo con todos los sectores.
Y el Gobierno federal, incluida la Presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, debería observar este proceso como una oportunidad para demostrar que los derechos de los pueblos originarios no son solo discursos, sino mecanismos reales de innovación democrática.
JUCHITÁN COMO PUNTA DE LANZA
Juchitán tiene una larga tradición de ser punta de lanza. Lo ha sido en la defensa de la tierra, en la organización popular, en la cultura, en la lucha política y en la respuesta comunitaria frente a las tragedias. Ahora podría serlo en otro campo: la construcción de una gobernanza indígena urbana para el siglo XXI.
La experiencia tendría una importancia nacional. En México existen pueblos indígenas rurales con sistemas normativos reconocidos, pero son menos frecuentes los casos de ciudades grandes que intenten diseñar instituciones propias sin renunciar a la pluralidad, los derechos humanos, la técnica administrativa y la democracia.
Juchitán podría demostrar que la autonomía es compatible con la modernidad. Que la Asamblea puede convivir con el presupuesto público. Que el tequio puede relacionarse con la planeación urbana. Que la tradición puede dialogar con la tecnología. Que la identidad zapoteca puede ser una fuente de futuro y no solo un objeto de celebración.
LA PREGUNTA ESTÁ SOBRE LA MESA
La crisis actual no debe utilizarse para entregar el gobierno municipal a un nuevo grupo de intereses. Debe servir para abrir una conversación histórica.
¿Queremos seguir eligiendo gobiernos que con frecuencia dividen a Juchitán en bloques partidistas y que, una vez instalados, suelen alejarse de la ciudadanía?
¿O estamos dispuestos a investigar, discutir y construir un modelo propio de gobernanza, basado en nuestra historia pero diseñado para las necesidades del presente?
La designación de un Comisionado Municipal Provisional puede ser una solución administrativa de emergencia. Pero también puede convertirse en el comienzo de una discusión más amplia sobre la crisis de gobernabilidad y el futuro político de Juchitán.
El llamado es abierto. La pregunta es sencilla, aunque la respuesta exigirá trabajo: ¿Repensamos Juchitán?
Juchitán tiene que recuperar la memoria de sus instituciones, reconstruirlas con participación de todos y convertirlas en una forma contemporánea de gobierno.
Ha llegado el momento de que la ciudad vuelva a preguntarse cómo quiere vivir, cómo quiere decidir y cómo quiere gobernarse.
