Tras el ataque en una secundaria de Torreón, el gobierno busca obligar a plataformas a detectar y retirar contenido violento.
La redacción
El gobierno de México prepara un decreto para obligar a las plataformas digitales a detectar y retirar contenido que incite directamente a la violencia, el abuso o el acoso.
La medida fue anunciada por la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, luego del ataque ocurrido en la secundaria 13 de Torreón, Coahuila, que dejó una persona muerta y cuatro heridas.
Sheinbaum anunció la creación de un grupo de trabajo que deberá tener listo esta semana el proyecto de decreto.
La presidenta señaló que la intención es retirar este tipo de publicaciones, pero dejó claro que las medidas deberán establecerse sin caer en la censura.
El grupo será coordinado por Luisa María Alcalde Luján, consejera Jurídica del Ejecutivo, y contará con instituciones como la Agencia de Transformación Digital, la SEP, el Centro Nacional de Inteligencia y la SSPC.
También participarán especialistas de la UNAM y el IPN.
Omar García Harfuch, titular de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), explicó que se busca actuar de manera anticipada para reducir riesgos y mejorar la detección de contenidos o conductas que puedan derivar en violencia.
El decreto establecería obligaciones para las plataformas en esta materia.
El plan también contempla reforzar el programa ABC de las Emociones, con asambleas para padres, buzones confidenciales y mecanismos de orientación para adolescentes y jóvenes.
Además, se plantean reformas para fortalecer la regulación del acceso y uso de redes sociales por niñas, niños y adolescentes.
Harfuch precisó que el monitoreo incluirá redes sociales, servicios de mensajería, foros y otros espacios digitales para identificar posibles riesgos relacionados con extremismo violento.
Sin embargo, aclaró que consultar determinado contenido o expresarse en redes sociales no significa por sí mismo que una persona vaya a cometer un delito.
Finalmente Harfuch señaló qure la prioridad será reforzar la protección de las comunidades escolares para evitar hechos similares.
