Proponen elevar las penas a deudores alimentarios que huyan al extranjero o cambien de residencia para evitar sus responsabilidades.
La redacción
Cambiar de domicilio, irse a otro estado o incluso salir del país para no pagar la pensión alimenticia podría salir más caro.
En el Congreso de Oaxaca proponen aumentar las penas contra los deudores alimentarios que recurran a estas medidas para evadir su responsabilidad.
La iniciativa plantea incrementar en una mitad las sanciones establecidas en el Código Penal cuando una persona obligada a proporcionar alimentos abandone el territorio nacional, traslade su residencia al extranjero o se sustraiga de la jurisdicción estatal para evitar cumplir con sus obligaciones.
Pero la propuesta no se limita a quien deja de pagar. También contempla sancionar a las personas que, de manera intencional, ayuden a facilitar esa evasión; por ejemplo, proporcionando medios para que el deudor pueda ocultarse o escapar de la acción de la justicia.
El argumento central es que cambiar de residencia no debería convertirse en una salida para dejar de mantener a los hijos.
Cuando una pensión no llega, son niñas, niños y adolescentes quienes enfrentan las consecuencias: desde gastos escolares y médicos hasta alimentación y necesidades básicas.
La iniciativa fue presentada por las diputadas Eva Diego Cruz, Melina Hernández Sosa y Elvia Gabriela Pérez López, del Partido Verde Ecologista de México (PVEM).
Las legisladoras proponen adicionar un segundo párrafo al artículo 414 del Código Penal de Oaxaca, con el propósito de reforzar la protección de los derechos de la niñez y evitar que la movilidad territorial se utilice como una forma de evadir las obligaciones alimentarias.
El proyecto fue turnado a la Comisión Permanente de Administración y Procuración de Justicia, donde será analizado antes de determinar si avanza en el proceso legislativo.
Por ahora, se trata de una iniciativa y no de una sanción que ya esté vigente.
