El director de Punto Legal engañó a 135 víctimas con falsas ofertas de vivienda en Guanajuato y deberá pagar más de 43 millones de pesos.
La redacción
Edgar Francisco Franco Ríos, director del despacho jurídico Punto Legal, en León, Guanajuato, acumuló una condena de 1,256 años de prisión por un fraude inmobiliario.
El abogado afectó a 135 personas que buscaban comprar una vivienda.
De acuerdo con las investigaciones, el despacho ofrecía casas a precios de entre 250 mil y 400 mil pesos.
Franco utilizaba el argumento de que eran remates bancarios o propiedades relacionadas con problemas de Infonavit. Sin embargo, los inmuebles tenían valores comerciales de entre uno y tres millones de pesos.
La operación consistía en atraer a los interesados mediante anuncios en redes sociales, citarlos para formalizar supuestas compras y solicitarles anticipos para apartar las propiedades.
El problema era que el despacho no tenía facultades legales para vender esas viviendas.
En julio de 2026, Franco Ríos recibió dos sentencias que sumaron 1,018 años y cuatro meses de prisión, por defraudar a 107 familias con un monto superior a los 30 millones de pesos.
En octubre, un juez dictó una nueva condena de 238 años, luego de acreditarse el fraude contra otras 28 víctimas, quienes perdieron en conjunto 9 millones 719 mil pesos.
Con esta última resolución, la pena acumulada llegó a 1,256 años de cárcel, una cifra extraordinaria que refleja la cantidad de víctimas y los delitos acreditados en los procesos judiciales.
Las sentencias también establecen que el responsable debe pagar alrededor de 43.1 millones de pesos para reparar los daños ocasionados a las víctimas.
De esa cantidad, más de 33.4 millones corresponden a las primeras 107 familias, mientras que la resolución más reciente contempla otros 9 millones 719 mil 900 pesos para las 28 personas afectadas.
El pago incluye conceptos relacionados con daños materiales y morales, además de otras afectaciones reconocidas en las resoluciones judiciales.
Sin embargo, para las víctimas, obtener una sentencia favorable no significa necesariamente recuperar su dinero.
De acuerdo con declaraciones difundidas por medios de comunicación, algunos afectados temen que el cobro sea complicado, debido a que el sentenciado habría argumentado que no cuenta con bienes ni recursos a su nombre.
Así, mientras las condenas marcan un precedente por su magnitud, las familias todavía enfrentan otro desafío: conseguir que la reparación del daño se traduzca en la recuperación efectiva de los ahorros que entregaron para adquirir una vivienda.
