La nueva acusación señala presuntos actos de tortura, detenciones arbitrarias y asesinatos durante el gobierno del exmandatario venezolano.
La redacción
Nicolás Maduro, expresidente venezolano, enfrenta una nueva acusación formal en Estados Unidos por presuntos actos de tortura, detenciones arbitrarias y asesinatos cometidos durante su gobierno en Venezuela.
Los nuevos cargos se suman a los relacionados con el narcotráfico que ya enfrentaba.
La acusación sostiene que el exmandatario ordenó reprimir a opositores y otras personas para mantenerse en el poder, mediante prácticas que incluían descargas eléctricas, asfixia, violaciones, aislamiento prolongado, inanición y amenazas contra familiares de las víctimas, incluidos niños.
Según la fiscalía norteamericana, estas acciones también alcanzaron a ciudadanos estadounidenses.
En uno de los casos descritos, un detenido habría sido golpeado, privado de agua y comida y sometido a simulaciones de ahogamiento y descargas eléctricas en los testículos.
Las autoridades también acusan a Maduro de ordenar asesinatos relacionados con deudas por drogas.
Entre los señalamientos figura el homicidio de un presunto jefe del narcotráfico en Caracas que se habría retrasado en pagarle por estupefacientes.
Para sustentar los cargos, la fiscalía cuenta con tres exfuncionarios venezolanos que participaron en las presuntas torturas y ahora colaboran como testigos.
Uno de ellos declararía sobre un supuesto secuestro y tortura ordenados en 2010, cuando Maduro era canciller, después de que sospechara que le robaba drogas.
El expediente también menciona una reunión de 2013 entre Maduro y dirigentes de las FARC para negociar la entrega de armas y minas explosivas como pago de una deuda por drogas.
Maduro y su esposa, Cilia Flores, permanecen encarcelados en Nueva York desde principios de enero, cuando fuerzas estadounidenses los sacaron de Caracas mediante una operación vinculada a una orden de arresto por narcoterrorismo.
Ambos se han declarado inocentes.
Flores tiene pendiente una audiencia sobre su solicitud de llevar el proceso en libertad supervisada, al argumentar que su participación en la presunta conspiración de narcotráfico fue mínima.
