La diputada Lilia Aguilar impulsa una reforma para castigar el reclutamiento forzado de menores y endurecer las penas.
La redacción
Hasta 30 años de prisión podrían recibir quienes recluten a menores de edad para actividades delictivas, de acuerdo con una iniciativa presentada por la diputada Lilia Aguilar, del Partido del Trabajo (PT).
La propuesta busca incorporar el delito de reclutamiento forzado al Código Penal Federal, con penas de veinte a treinta años de cárcel y multas de dos mil a cuatro mil días, equivalentes a 630 mil a un millón 260 mil pesos.
La sanción podría aumentar hasta en una mitad cuando el responsable sea o haya sido servidor público de instituciones de seguridad, procuración de justicia, del sistema penitenciario o de las Fuerzas Armadas.
También se contemplan agravantes cuando las víctimas pertenezcan a comunidades indígenas o afromexicanas, tengan alguna discapacidad o no puedan comprender el significado del hecho.
La iniciativa considera reclutamiento forzado obligar, engañar, amenazar o inducir a una persona, mediante violencia física o moral, coacción económica o aprovechamiento de una situación de extrema vulnerabilidad, para incorporarla a una asociación delictuosa, pandilla o grupo criminal organizado.
Esto incluye utilizarla para cometer delitos, realizar labores de vigilancia, apoyar en tareas logísticas o prestar cualquier otro servicio a esas estructuras.
En el caso de las personas menores de 18 años, la propuesta contempla castigar a quien las reclute, organice, financie, induzca, facilite, obligue o utilice para participar en actividades delictivas o contribuir a los fines de la delincuencia organizada.
En la exposición de motivos, Aguilar advierte que el reclutamiento de niñas, niños y adolescentes por grupos criminales representa una de las violaciones más graves a los derechos humanos en México.
La legisladora señala que actualmente el Código Penal Federal no contempla un delito autónomo para esta conducta.
