El Salvador evaluará a 10,629 internos considerados colaboradores ocasionales; cerca del 50% podría acceder a libertad anticipada y condicional.
La redacción
El presidente de El Salvador, Nayib Bukele, aclaró que no pretende liberar pandilleros, sino revisar los expedientes de internos considerados colaboradores ocasionales de estas estructuras criminales.
El anuncio provocó confusión por versiones que apuntaban a una posible excarcelación masiva del 50% de la población penitenciaria. Sin embargo, el mandatario precisó que la medida tiene un alcance limitado.
La revisión contempla a 10,629 internos clasificados como colaboradores ocasionales.
De ese grupo, el Gobierno calcula que cerca del 50%, alrededor de 5,000 personas, podría acceder a una libertad anticipada y condicional, bajo vigilancia estricta.
Este beneficio será para quienes cometieron delitos menores o que, por amenazas o circunstancias de su entorno, prestaron ayuda temporal a integrantes de pandillas.
Entre los ejemplos mencionados están ocultar a alguien bajo amenaza o realizar un traslado obligado como taxista.
Bukele fue tajante al excluir a los miembros activos de las pandillas, conocidos como homeboys, así como a vigilantes, informantes y sicarios.
“Ningún pandillero va a salir libre. Nunca”, sostuvo.
El plan contempla incorporar a quienes resulten elegibles al programa Cero Ocio, que promueve trabajos de utilidad pública, como reparar escuelas, confeccionar uniformes y fabricar pupitres.
La intención es reducir condenas mediante el trabajo y favorecer la reinserción, sin que esto signifique una liberación automática ni una absolución.
Para dimensionar la medida, el mandatario señaló que el sistema penitenciario salvadoreño alberga a 120,956 personas privadas de libertad.
De ellas, 96,457 están encarceladas por pertenencia o vínculos directos con pandillas; más de 42,000 son pandilleros identificados y el resto incluye colaboradores fijos y sicarios.
Pero la propuesta también enfrenta cuestionamientos. El Movimiento de Víctimas del Régimen de Excepción (Movir), expresó desconfianza y advirtió sobre el riesgo de que personas detenidas arbitrariamente se vean presionadas a reconocerse como colaboradoras para acceder al beneficio.
También exigió transparencia sobre los criterios de selección y las autoridades responsables de revisar los casos.
Bukele, por su parte, defendió su modelo de seguridad y destacó la reducción de la tasa de homicidios, que pasó de 35.8 en 2019 a un promedio de 1.36 por cada 100,000 habitantes hacia 2025.
